Dicen que no hay resultados, estrategia ni coordinación.
Los casi mil 500 homicidios en lo que va de 2022 en Tijuana, la falta de un plan estratégico y la poca o nula coordinación entre corporaciones, son los argumentos de una coalición de ciudadanos para exigir la renuncia de los titulares de seguridad en Baja California.
Este grupo de activistas quiere que renuncien: Fernando Sánchez, secretario de seguridad en Tijuana, Gilberto Landeros, secretario de seguridad en Baja California e Iván Carpio, fiscal de justicia en la entidad.
Otro de los motivos para destituirlos, dijeron los manifestantes, es la falta de resultados en materia de protección a la mujer.
Pero la respuesta de las autoridades cuando han sido cuestionadas sobre los resultados en materia de seguridad es que sus estrategias están funcionando y que los homicidios y otros delitos van a la baja y por lo tanto no renunciarán.
Para los ciudadanos unidos por Baja California, las cifras que resaltan las autoridades no son el reflejo de la inseguridad que padece la población.
A pesar de este llamado ciudadano, ninguna autoridad u orden de gobierno se ha pronunciado sobre algún cambio de funcionarios en las áreas de seguridad en Baja California.
