Baja California es la primera entidad del país en implementar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura de Baja California, Isaac Alejandro Fragozo, aclaró que la exigencia de maestría o doctorado en derechos de la infancia para abogados que litiguen casos de menores, fue planteada solo como una alternativa, y no como un requisito obligatorio.
De acuerdo con Fragozo López, la nueva legislación en materia civil y familiar se elaboró a nivel nacional por el Congreso de la Unión. Un artículo específico establece que, tratándose de niñas, niños y adolescentes, los derechos de la infancia deben contar con una defensa especializada.
El magistrado detalló que no se está pidiendo de forma estricta una maestría ni un doctorado. Indicó que, en caso de no contar con una especialidad en derechos de la infancia, una maestría en derecho familiar podría servir como opción válida. La medida busca garantizar una defensa adecuada porque los derechos de la infancia son algo muy delicado.
Fragozo López recordó que Baja California es la primera entidad del país en implementar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ante las manifestaciones de abogados de Tijuana, quienes consideran la propuesta unilateral, anunció que la Secretaría de Gobernación presentará una prórroga al artículo transitorio para otorgar un par de años adicionales y permitir que los litigantes obtengan la especialidad requerida.
