Los ministros consideraron que las medidas de la Unidad de Inteligencia Financiera son administrativas y preventivas, no penales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la validez constitucional del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, que faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para incluir en una lista de personas bloqueadas a quienes tengan presunta relación con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Por seis votos contra tres, el pleno rechazó la acción de inconstitucionalidad promovida por 49 senadores del PAN, PRI y MC contra el decreto publicado en 2022.
La ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf estableció que las facultades de la UIF responden a una lógica de prevención administrativa, no de persecución penal. El bloqueo de cuentas es una medida cautelar para proteger la integridad del sistema financiero, no una sanción penal, por lo que no viola garantías constitucionales. Además, la UIF debe coordinar sus acciones con el Ministerio Público y presentar denuncias cuando detecte posibles delitos.
La Corte señaló que estas medidas cumplen con estándares internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. El bloqueo no determina responsabilidad penal ni sustituye las funciones del Ministerio Público, por lo que su diseño institucional es constitucional.
En sesiones posteriores, el pleno aprobó por siete votos contra dos abandonar dos jurisprudencias previas que consideraban inconstitucionales los bloqueos de cuentas bancarias, a menos que se ordenaran en cumplimiento de compromisos internacionales o a solicitud expresa de una autoridad extranjera. Los ministros Yasmín Esquivel Mossa y Arístides Guerrero García votaron en contra en ambos casos.







