La administración federal acusa una violación al debido proceso.
Durante la conferencia matutina de este lunes en la Ciudad de México, el gobierno federal señaló al gobierno estadounidense por divulgar información confidencial. La nueva consejera jurídica, Luisa María Alcalde, explicó que se hizo pública la solicitud de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios, afectando la presunción de inocencia.
La funcionaria destacó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege este derecho a la confidencialidad en su artículo octavo para evitar que las autoridades se sesguen y se contamine la evidencia. Señaló que la petición de detención provisional debió manejarse en privado para impedir que la sociedad emitiera un juicio anticipado contra los involucrados en el caso.
Ante este panorama, la Fiscalía General de la República remitió una opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que solicite a Estados Unidos el respeto a dichos protocolos. El propósito es garantizar un proceso transparente para los servidores públicos que están bajo la investigación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Las autoridades mexicanas enfatizaron que hasta el momento no existen pruebas concretas que demuestren un riesgo de fuga o de obstrucción en el proceso. La situación mantiene la atención pública sobre cómo se manejará la colaboración internacional y la protección de los derechos de los implicados durante el desarrollo de esta delicada investigación legal.
