Abogadas proponen reformar el Código Penal para castigar omisiones de autoridades, instituciones y familias.
Integrantes del Colegio de Abogadas Licenciada María Sandoval de Zarco presentaron una iniciativa para reformar el Código Penal de Baja California con el objetivo de establecer sanciones contra servidores públicos, instituciones e incluso particulares que incumplan con su obligación de proteger a niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad.
La propuesta, impulsada por la Comisión Penal y Justicia Penal para Niñas, Niños y Adolescentes del organismo, plantea modificar el artículo 160 para imponer penas de hasta tres años de prisión y multas de entre 50 y 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). En el caso de servidores públicos, la sanción económica aumentaría en un 50 por ciento.
De aprobarse, las medidas podrían aplicarse a escuelas, hospitales, albergues y otras instituciones que atienden a estos sectores de la población cuando se detecten omisiones relacionadas con protección civil, atención médica, educación, seguridad o cualquier otra acción que ponga en riesgo su bienestar. La iniciativa también contempla responsabilidades para familias que no implementen medidas preventivas de cuidado y resguardo.
La presidenta del colegio, Estefanía Campos, explicó que la propuesta ya fue entregada a la diputada Evelyn Sánchez para su análisis en el Congreso de Baja California. Señaló que actualmente existe un vacío legal, ya que las sanciones suelen aplicarse únicamente cuando el daño ya ocurrió, por lo que buscan que la ley también castigue las omisiones que puedan derivar en accidentes, lesiones o incluso la pérdida de vidas.
