Las autoridades federales arrestaron al exmandatario por presuntos vínculos delictivos y sustracción ilegal de combustible.
Fuerzas de seguridad federales detuvieron al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, tras una orden judicial relacionada con delincuencia organizada y sustracción ilegal de combustible. Los reportes ministeriales señalan afectaciones severas al patrimonio público debido a las operaciones financieras clandestinas bajo investigación.
La Fiscalía General de la República encabezó las indagatorias previas que derivaron en la localización y posterior aseguramiento del exfuncionario por parte de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México.
En 2025, Omar García Harfuch, Secreario de Seguridad en México dio a conocer que la empresa Ingemar, dedicada a la comercialización de gasolina y diésel, propiedad del exgobernador, era investigada por estas causas.
Tras el traslado del detenido, de Ensenada a Tijuana, la presidenta de Coparmex Tijuana, Elisa Ibáñez, y el presidente del CCE, Roberto Lyle, consideraron que sería lamentable si la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel estuviera siendo utilizada como una cortina para desviar la atención de otros temas.
Ambos líderes empresariales señalaron que, por la trayectoria pública de Ruffo Appel, esperan que el proceso se lleve a cabo con apego a derecho y sin motivaciones ajenas a la impartición de justicia.
Será un juez de control quien determinará la situación jurídica del procesado durante las próximas horas en las audiencias correspondientes.
Durante un mensaje a medios, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, informó que la dependencia obtuvo órdenes de aprehensión contra 25 personas presuntamente relacionadas “con lo que calificó como la red de contrabando de hidrocarburos más grande detectada hasta ahora en el país”.
Ruffo Appel y cuatro personas más fueron detenidos, pero las autoridades federales trabajan para cumplimentar las 20 órdenes de aprehensión restantes. Entre los investigados se encuentran socios de las empresas presuntamente vinculadas con la organización, operadores logísticos, agentes aduanales, personal autorizado y otros servidores públicos que habrían facilitado las importaciones irregulares.
