AC hace llamado a respetar los derechos humanos de las personas.
A través del Diario Oficial de la Federación (DOF) el Gobierno federal anunció la desincorporación del Cefereso Federal de Readaptación Social número 2 “Occidente” del Sistema Penitenciario Federal, ubicado en el Complejo Metropolitano de Puente Grande, Jalisco.
De acuerdo con la publicación, las personas privadas de la libertad que actualmente se encuentran en el Cefereso (376 personas, de acuerdo con datos del último cuaderno mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, correspondiente a julio de 2020) “serán trasladadas a los centros federales de readaptación social que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, quien realizará las acciones y gestiones necesarias para ello”.
Ante estos hechos la asociación civil «Documenta, análisis y acción para la justicia social» llamó a observar en todo momento el respeto a los derechos humanos de estas personas, pues segú sus representantes los traslados penitenciarios representan uno de los momentos de mayor riesgo para la comisión de tortura y malos tratos, el uso excesivo de la fuerza, el abuso de autoridad e inclusive las desapariciones forzadas.
Por ello solicitaron los siguientes puntos:
- Se informe a las familias de las personas privadas de la libertad sobre el traslado que se llevará a cabo, brindándoles los datos sobre el centro penitenciario al cual será trasladado su familiar, así como el día y la hora del traslado.
- En el caso de personas sentenciadas, garantizar su traslado al centro penitenciario más cercano a su domicilio.
- En el caso de personas en prisión preventiva, garantizar que sean ubicadas en el centro más cercano al juzgado donde se tramita su proceso penal.
- Que lleven a cabo el o los traslados de forma adecuada, resguardando la integridad de las personas.
- Que no se les encadene, amarre o utilice instrumentos que causen dolor durante el traslado. En general, que se garantice que no se ocasionen sufrimientos físicos o mentales a las personas trasladadas.
- Que evalúen el estado físico y de salud en general de las personas privadas de la libertad antes y después del traslado por médicos de los dos centros emisor y receptor y por la CNDH.
- Que proporcionen alimento, agua y oportunidad de ir al baño, sobre todo cuando el traslado dure varias horas.
- Que garanticen que los traslados cumplan con los requerimientos suficientes para brindar asistencia médica en caso necesario.
- Que no trasladen en el mismo vehículo a grupos de mayor exposición a abusos o a personas que requieran medidas especiales o ajustes como son personas con discapacidad, personas mayores, personas con enfermedades crónicas.
- Que garanticen que las personas con alguna enfermedad contagiosa no sean trasladadas con otras personas para evitar su propagación.
- Que envíen el expediente médico de cada persona privada de la libertad a las autoridades de la nueva prisión.
En el comunicado concluyeron «Las personas privadas de la libertad y sus familiares, en Puente Grande y en cualquier rincón del país merecen un trato digno y pleno respeto a sus derechos».
