Incluye actos que ameriten prisión preventiva oficiosa.
La madrugada de este jueves, la cámara de diputados en México aprobó en lo general la ley de juicio político y declaración de procedencia, que había quedado pendiente de la comisión de gobernación de la legislatura anterior.
Esta ley promueve las responsabilidades de los servidores públicos, vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción, y patrimonial del Estado. Además, fija las reglas para el proceso de destitución de funcionarios del gobierno, incluido el propio presidente de la República, en caso de que incurra en actos de corrupción, traición a la patria, delitos electorales o cualquiera que amerite prisión preventiva oficiosa.
Las fracciones de Morena, Verde y PT aprobaron la nueva ley con una modificación de última hora a fin de elevar a mayoría calificada de dos terceras partes la votación requerida en ambas cámaras del congreso para declarar procedente la acción penal contra el presidente de la república por la comisión de algún delito.
El dictamen permitirá evitar que se repitan casos como el del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien le quitaron la protección federal el 30 de abril de 2020 para que enfrentara las investigaciones en su contra por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
En aquella ocasión, la resolución fue turnada al congreso tamaulipeco, sin embargo, en lugar de ser acatada se declaró la improcedencia, y se aprobó una reforma local para otorgarle “fuero definitivo”.
