Personas con movilidad reducida y un solo bufete de abogados presentan miles de reclamos por falta de accesibilidad.
Un pequeño grupo de personas con discapacidad, apoyadas por un bufete de abogados, han presentado miles de demandas que tienen en jaque a los pequeños empresarios del sur del estado. Utilizando leyes federales y locales, estos demandantes recorren las calles identificando fallas de accesibilidad para exigir pagos económicos.
Anthony Bouyer, quien utiliza silla de ruedas, es uno de los rostros principales de este fenómeno tras interponer al menos 1,800 demandas. Su método consiste en medir con precisión pasillos y cajones de estacionamiento para detectar errores mínimos, como grietas o mostradores con alturas incorrectas, que luego se convierten en reclamos legales.
Este esquema ha generado una industria de litigios donde siete clientes de un mismo bufete lograron interponer más de 1,000 demandas en un solo año.
Aunque los demandantes aseguran que su objetivo es hacer valer sus derechos civiles y forzar la adaptación de los locales, los dueños de negocios denuncian que se trata de una estrategia para obtener dinero fácil, obligándolos a pagar acuerdos de hasta 14,000 USD para no quebrar.
