El gobierno estadounidense condiciona su despliegue terrestre si México no lo hace.
La administración de Donald Trump notificó desde la Casa Blanca que asumirá la lucha contra el narcotráfico en suelo mexicano si las autoridades locales fallan en sus responsabilidades. El mandatario aseguró que tras reducir el flujo marítimo iniciará una fase terrestre para frenar el ingreso de sustancias ilícitas, intensificando la presión diplomática sobre la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El posicionamiento surge tras la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, priorizando el combate al fentanilo en la agenda de seguridad nacional de Washington. Según declaraciones oficiales, el despliegue de fuerzas estadounidenses se considera una medida necesaria frente a lo que consideran una falta de resultados contundentes en la vigilancia de las rutas terrestres por parte de México.
La tensión entre ambas naciones se ha agudizado debido a la firme postura del gobierno mexicano en defensa de su soberanía nacional ante posibles incursiones extranjeras. El clima bilateral enfrenta desafíos adicionales tras operativos recientes en Chihuahua con presencia de agentes estadounidenses sin notificación previa, además de acusaciones legales contra funcionarios estatales en Sinaloa vinculados al partido oficial por delitos de narcotráfico.
El ejecutivo estadounidense mantiene su disposición de actuar unilateralmente bajo el argumento de proteger a su ciudadanía, a pesar de las negativas de la administración mexicana sobre la culpabilidad de sus funcionarios. El escenario futuro plantea una posible crisis en las relaciones bilaterales si no se logran acuerdos de cooperación que respeten la autonomía territorial de ambos países.
