La estrategia binacional afecta a miles de ciudadanos de la isla, principalmente personas de la tercera edad.
El gobierno de Estados Unidos incrementó drásticamente la expulsión de ciudadanos cubanos hacia territorio mexicano durante el último año como parte de sus nuevas directrices de control fronterizo. La movilización de indocumentados genera una severa crisis humanitaria en las comunidades del sur de México, donde los afectados enfrentan la falta de estatus legal y la ausencia de apoyo institucional.
La organización internacional Human Rights Watch documentó que más de cuatro mil trescientas personas procedentes de Cuba fueron enviadas a entidades como Tabasco. Muchos de los sancionados contaban con residencia legal en territorio norteamericano, pero perdieron sus derechos migratorios por faltas menores no violentas cometidas hace décadas, quedando desprotegidos ante las políticas actuales.
Los albergues civiles de la zona reportan un incremento de hombres de la tercera edad con padecimientos crónicos que carecen de medicamentos, recursos o documentos de identidad. Las agrupaciones civiles señalan que la falta de oportunidades orilla a los migrantes a la indigencia o a ser reclutados por redes delictivas locales debido al limbo jurídico en el que permanecen.
El panorama para los próximos meses anticipa una mayor presión presupuestal para las organizaciones asistenciales mexicanas que operan sin subsidios gubernamentales. Los especialistas prevén que las restricciones continuarán vigentes en la región fronteriza, obligando a los colectivos de derechos humanos a buscar alternativas urgentes de regularización para garantizar una vida digna a las víctimas.
