La mandataria aclaró el citatorio federal respecto a la injerencia extranjera.
La presidenta de México negó este jueves que el requerimiento de la Fiscalía General de la República hacia la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, constituya un ataque partidista.
La aclaración ocurrió durante la conferencia matutina, donde se explicó que la convocatoria busca esclarecer la supuesta intervención de agentes de inteligencia estadounidenses en el desmantelamiento de un laboratorio de sustancias ilícitas.
La jefa del Ejecutivo Federal precisó que las autoridades ministeriales no han fincado cargos penales contra la funcionaria chihuahuense, sino que solicitaron su testimonio para recabar datos sobre el operativo. Asimismo, manifestó el respaldo absoluto de su administración a las tareas de combate al narcotráfico, descartando cualquier tipo de desacuerdo con la destrucción de los centros de producción delictivos.
El gobierno federal advirtió que catalogar la comparecencia como un asunto de rivalidad política demerita la gravedad que implica la intrusión de corporaciones internacionales en el territorio nacional. La mandataria delegó la responsabilidad del esclarecimiento a las instancias judiciales correspondientes, las cuales deberán realizar el peritaje técnico para determinar las consecuencias legales y deslindar las responsabilidades civiles de los involucrados.
El desarrollo de las indagatorias ministeriales marcará la pauta en las relaciones institucionales entre la federación y el gobierno estatal durante los próximos meses. Los ciudadanos permanecen atentos a las resoluciones de la fiscalía, esperando que se preserve la soberanía del país y se garantice la transparencia en los procedimientos de seguridad pública que afectan a la comunidad.
