La gobernadora aseguró que no está vinculada ni incluida en las sanciones y descartó pedir licencia.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, se deslindó de los señalamientos de Estados Unidos contra su exesposo, Carlos Torres, y aseguró que ni ella ni su gobierno serán voceros ni asumirán la defensa de las personas sancionadas.
Sobre la empresa Vida Orgánica, incluida entre las entidades sancionadas, explicó que dejó de formar parte de ella en 2023 y cedió sus derechos a quien entonces era su esposo. Además, instruyó a Oficialía Mayor y a la Secretaría de Honestidad a revisar si alguna de las empresas señaladas mantiene contratos con el Gobierno de Baja California y, de ser así, proceder conforme a la ley.
Ávila Olmeda defendió las acciones de seguridad de su administración y rechazó que exista algún acuerdo de impunidad con grupos delictivos. Aseguró que su gobierno ha combatido frontalmente a la delincuencia y continuará haciéndolo.
La mandataria también descartó solicitar licencia y afirmó que permanecerá al frente del Ejecutivo hasta concluir su periodo. Señaló que no ha recibido ningún requerimiento de autoridades mexicanas o estadounidenses.
