Las personas retornadas son originarias principalmente de países de Centroamérica.
Activistas y organizaciones civiles conformaron la Red para la Defensa y Atención Integral Migrante (Redaim), con el objetivo de proteger a esta población de presuntas injusticias y actos arbitrarios por parte de las autoridades migratorias.
El Instituto Nacional de Migración deportó a mil 91 migrantes extranjeros desde Tijuana entre enero y octubre de este año, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación, lo que las activistas señalaron como preocupante.
Según datos de la Unidad de Política Migratoria, las personas retornadas son originarias de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Cuba, Haití, Venezuela, China y Ghana, debido a que su estancia en territorio mexicano fue considerada irregular, sin embargo, defensoras de derechos humanos señalaron que esta condición se origina porque las propias autoridades les niegan el acceso a la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias.
Las activistas explicaron que este documento es fundamental para que los migrantes puedan iniciar un proceso legal de estancia en Tijuana u otras ciudades del país, además de acceder a derechos básicos como servicios médicos, educativos, vivienda y empleo formal. Al no contar con la tarjeta, las personas migrantes se vuelven más vulnerables a detenciones y deportaciones que calificaron como arbitrarias.
Paulina Olvera, integrante de la asociación Espacio Migrante, informó que a través de la Redaim continuarán brindando servicios educativos, mientras que otras organizaciones ofrecerán atención médica, psicológica y legal, a pesar de no contar con apoyo gubernamental.
Añadió que los resultados del trabajo de la red serán presentados a autoridades municipales, estatales y federales, con el fin de ser incluidos en el diseño de políticas públicas y en la asignación de presupuesto para la atención integral de la población migrante.
