Unas 35 familias exigen intervención de las autoridades ante un conflicto de fraude inmobiliario, señalan hostigamiento y cobros para permanecer en sus casas.
Cobros de entre 3 mil y 4 mil pesos mensuales para permitirles permanecer en sus viviendas, amenazas de desalojo y presuntos actos de hostigamiento fueron denunciados por vecinos del fraccionamiento Ángeles del Pacífico, en la delegación Sánchez Taboada de Tijuana.
Ante esta situación, los residentes se manifestaron a las afueras de la Fiscalía General del Estado (FGE), en Zona Río, para exigir que se investiguen los hechos y se garantice su seguridad. De acuerdo con Santiago Guzmán, abogado de los afectados, alrededor de 35 familias enfrentan este conflicto tras adquirir sus viviendas entre 2018 y 2019, por lo que aseguran contar con contratos de compraventa y documentos que acreditan la liquidación de sus propiedades.
Entre las denuncias también se encuentran presuntos intentos de despojo, robos a viviendas y vehículos, así como bloqueos en los accesos al fraccionamiento. Los vecinos señalaron que el conflicto está relacionado con una disputa legal por los terrenos, situación que, afirman, ha sido aprovechada por personas que se ostentan como propietarias.
Los residentes señalaron a Christian Gerardo Ahumada Zambrano y Miguel Ángel Meléndez como presuntos involucrados en los actos de hostigamiento. Según el abogado, existen medidas de protección que les prohíben acercarse a menos de 500 metros del fraccionamiento; sin embargo, los vecinos aseguran que las intimidaciones continúan.
Los manifestantes indicaron que ya presentaron denuncias ante la Fiscalía, pero consideran que la atención ha sido insuficiente. Por ello, acudieron nuevamente a las instalaciones de la institución para solicitar que se investiguen los señalamientos y se respete la posesión de sus viviendas mientras se resuelve la controversia legal.
Los señalamientos corresponden a las versiones de los vecinos y su representante legal. Las presuntas responsabilidades y la situación jurídica de los terrenos deberán determinarse mediante las investigaciones y los procedimientos legales correspondientes.
