Esta reforma contempla una pena de 4 a 10 años de prisión.
El Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó disposiciones al artículo 225 del Código Penal Federal para imponer de 4 a 10 años de prisión y 100 a 150 días de valor UMA, a servidores públicos que difundan, comercialicen, oferten, intercambien material de hechos delictivos o de una víctima de un delito, fuera de los supuestos autorizados por la ley.
Con un total de 470 votos a favor, esta ley busca evitar la “revictimización” de las personas, particularmente mujeres, sancionando a servidores públicos que difundan imágenes, audios, videos, documentos o información sobre la investigación penal, condiciones personales de una víctima o circunstancias de un delito.
La Ley Ingrid, fue impulsada por la sociedad civil y se basó en él feminicidio de Ingrid Escamilla Vargas, tras la difusión indebida de imágenes de su caso. Ahora continuará su proceso legislativo en el Senado de la República.
