Los cambios legales entrarían en vigor en enero y no en 2022.
El pasado 12 de noviembre, el Ejecutivo envió al Congreso una iniciativa que prohíbe el outsourcing, excepto en trabajos especializados, e impone penas de hasta 13.5 años si las empresas siguen con la misma práctica.
La subcontratación, mecanismo por el que están contratados alrededor de 4 millones 600 mil personas, sería eliminada al regular la contratación de personal, los servicios especializados y obras especializadas, así como las agencias de colocación.
El proyecto fue presentado durante la conferencia de prensa presidencial, en la que se explicó que la propuesta incluye modificaciones a las leyes federales del trabajo, del Seguro Social, del Infonavit, del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, así como al Código Fiscal.
“Se estima que las outsourcing dejaron de pagar el año pasado al IMSS 21 mil millones de pesos por concepto de cuotas, porque sólo se tienen registradas en el organismo tripartita alrededor del cien, cuando en realidad se habla de entre 3 mil 8 mil empresas que operan con este sistema”, dijo Isaías González Cuevas, Líder Nacional de la CROC.
