La discriminación persiste en centros de salud y lugares de trabajo.
La población migrante que forma parte de la comunidad LGBT continúa enfrentando una doble vulnerabilidad, de acuerdo con Susana Barrales, directora del albergue «La Casita de Unión Trans».
Señaló que persiste el rechazo hacia las personas deportadas y que, al sumarse su orientación o identidad de género, su proceso de adaptación resulta más complejo. Explicó que para muchos migrantes es difícil reactivar su vida en México, incluso cuando no dominan por completo el idioma español, lo que complica trámites y su integración.
Barrales indicó que, aunque la información ha avanzado en los últimos años, persiste la resistencia por parte de algunos sectores de la población, especialmente entre personas mayores que, dijo, se rehúsan a convivir en armonía con quienes son diferentes.
Actualmente, el refugio alberga a ocho personas que fueron retornadas a México luego de redadas y cambios en las políticas migratorias impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sin embargo, el apoyo que brinda este espacio va más allá del hospedaje: más de 35 personas acuden diariamente al albergue en busca de alimentos, lo que ha incrementado la demanda de recursos y servicios.
Susana Barrales hizo un llamado a la comunidad a mostrar empatía hacia cualquier persona, sin importar su nacionalidad u orientación sexual.
Añadió que este año ha sido particularmente difícil para sostener el albergue, debido a la falta de donaciones y al incremento en gastos como renta, servicios y alimentación.
