La reforma exige a las personas usuarias de servicios de telefonía móvil registrar sus datos personales para evitar la suspensión de sus líneas
Agrupaciones de abogados y representantes de la iniciativa privada en Tijuana presentaron un amparo ante el Poder Judicial de la Federación en contra de la reciente modificación a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
El recurso legal fue interpuesto por la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) junto con distintos colectivos, quienes argumentaron que obligar a los usuarios a compartir el INE y el CURP con las compañías telefónicas para mantener activo el servicio representa una violación a la privacidad.
Carlos Atilano, presidente del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), afirmó que este juicio de amparo busca frenar la aplicación de la norma y proteger los datos de los ciudadanos.
Asimismo, explicó que se instalarán módulos en las instalaciones de Canaco donde cualquier persona interesada podrá sumarse al proceso de revocación de la ley y ejercer su derecho a impugnar esta obligación.
El licenciado José Evaristo Zepeda, miembro del colegio de abogados de Tijuana, alertó sobre los posibles riesgos de que esta información personal sea mal utilizada, especialmente en un contexto donde la inseguridad y la corrupción han facilitado la exposición y venta de bases de datos sensibles en el país.
En ese sentido, señaló que ya se han registrado casos de robo de información de clientes por parte de grandes empresas en Tijuana, la cual —denuncian— fue empleada por delincuentes para extorsionar a familias.
Desde el pasado 9 de enero, la reforma exige a las personas usuarias de servicios de telefonía móvil registrar sus datos personales para evitar la suspensión de sus líneas después del 30 de junio.
Los defensores del amparo sostienen que, si la justicia federal acepta el recurso, la información solo podría ser solicitada mediante una orden judicial y en casos donde se demuestre que existe un riesgo real para la seguridad pública.
