El magistrado Eduardo Santillán Pérez llamó a reforzar la supervisión de las universidades
La calidad de la formación de los abogados en México es uno de los aspectos que deben revisarse para fortalecer la impartición de justicia, consideró el magistrado Eduardo Santillán Pérez, quien propuso establecer una certificación obligatoria para quienes ejercen el litigio, al menos cada tres años, con el objetivo de comprobar que cuentan con los conocimientos y la experiencia necesarios para desempeñarse en su especialidad.
El presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa señaló que algunas instituciones educativas presentan deficiencias en sus programas académicos y en la preparación de sus docentes. Además, cuestionó que se ofrezcan licenciaturas en Derecho que pueden concluirse en apenas dos o tres años, pues consideró que este periodo no permite garantizar una formación integral para ejercer la profesión.
Ante esta situación, planteó reforzar los mecanismos de acreditación de las universidades, así como establecer criterios comunes para los planes de estudio mediante una mayor coordinación entre las instituciones públicas de educación superior y la Secretaría de Educación Pública (SEP). El también profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM advirtió que es necesario supervisar tanto los contenidos académicos como la preparación de quienes están frente a grupo.
En cuanto a los abogados en activo, Santillán Pérez consideró que la actualización profesional debe ser una parte fundamental del ejercicio jurídico, por lo que propuso que los litigantes acrediten cada tres años sus conocimientos y experiencia en una materia específica. Señaló que estas medidas contribuirían a mejorar la preparación de los profesionales del Derecho y a fortalecer las condiciones en las que se brinda justicia en el país.
