Operativos con gases lacrimógenos y perdigones dejaron 45 detenidos y un líder sindical hospitalizado.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con apoyo del FBI y la DEA, llevaron a cabo una serie de operativos en Los Ángeles —ciudad considerada santuario para migrantes, durante el 6 de junio y la madrugada del 7. Los allanamientos resultaron en al menos 45 arrestos y fuertes enfrentamientos con manifestantes, que incluyeron el uso de perdigones y gases lacrimógenos.
Las redadas se concentraron en áreas con alta población latina, como Westlake y el Distrito de la Moda. Testigos denunciaron tácticas agresivas contra trabajadores, describiéndolas como «actos terroristas». El operativo inició con un despliegue de agentes fuertemente armados y vehículos blindados.
En las cercanías de un Home Depot en Westlake, jornaleros fueron perseguidos y detenidos sin órdenes judiciales, mientras activistas intentaban impedir el traslado de los arrestados bloqueando camionetas oficiales.
Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un manifestante es atropellado por un vehículo federal durante las protestas. En el Distrito de la Moda, agentes con uniforme camuflado dispararon perdigones y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud que se oponía a los arrestos en la tienda Ambiance Apparel, vinculada a una investigación por presunta falsificación de documentos laborales.
La alcaldesa Karen Bass calificó las redadas de «caos inaceptable», criticando que ni su oficina ni la policía local fueran informadas. Por su parte, el senador Alex Padilla las tildó de «actos de crueldad extrema» destinados a sembrar miedo en la comunidad migrante.
David Huerta, líder del sindicato SEIU-USWW, fue hospitalizado con heridas en la cabeza tras ser derribado por agentes mientras monitoreaba las protestas. Aunque ya fue dado de alta, sigue bajo custodia federal.
Estos operativos se alinean con la meta del gobierno federal de realizar miles de arrestos diarios, enfocándose en estados con leyes pro inmigrantes. Solo en 2024, el condado de Fresno ha duplicado las deportaciones en comparación con el año anterior.
Como respuesta, manifestantes se movilizaron hacia la cárcel migratoria del centro de Los Ángeles, mientras organizaciones como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes activaban redes de asistencia legal. Ron Góchez, de Unión del Barrio, afirmó que el objetivo de las redadas era «aterrorizar a la comunidad», pero destacó que la resistencia civil logró reducir el número de detenciones.
A pesar de las ordenanzas locales que limitan la colaboración con ICE, los agentes federales utilizaron recursos públicos sin autorización, generando más controversia sobre el alcance de estas operaciones.
