La gobernadora dijo que se debe analizar a raíz de los últimos crímenes.
En Baja California la pena máxima para un menor de edad es de cinco años, sin importar la gravedad del delito. Casos recientes como el asesinato de Keila Nicol en San Quintín y otros crímenes donde adolescentes han sido acusados, reavivaron la discusión sobre si estas penas son suficientes o no.
Apenas esta semana, un joven de 16 años fue detenido en Tijuana por el asesinato de un mecánico, mientras que otro de 17 años enfrenta cargos por el homicidio de un maestro y un veterinario.
La gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila, reconoció que es uno de los desafíos más complejos en lo que va de su administración, pues aseguró que su enfoque ha sido preventivo, con programas de becas y trabajo para jóvenes que antes eran vistos como “ninis”.
La mandataria señaló que si bien las penas no dependen del Poder Ejecutivo, es momento de abrir el diálogo con otras instancias para revisar las sanciones en delitos cometidos por menores de edad; para ello, dijo, se deben considerar factores federales y hasta tratados internacionales.
