Siguen abogados sin protocolo de seguridad para ejercer su profesión

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El gremio exige al Gobierno del Estado medidas para protegerlos.

Más de 15 abogados han sido asesinados en Tijuana, Mexicali y Ensenada entre 2022 y 2026, sin que hasta el momento alguno de estos casos haya sido resuelto, señaló el presidente del Colegio de Abogados Tijuana A.C., Daniel Avitia Beltrán. La última víctima en Tijuana fue el abogado Narciso Alemán Díaz, quien fue asesinado el viernes pasado.

Ante esta situación, el representante del gremio urgió al Gobierno del Estado a aprobar e implementar un protocolo de seguridad para las y los litigantes, con el objetivo de establecer mecanismos de protección para quienes se encuentren en una situación de riesgo mientras ejercen su profesión. Recordó que en febrero de este año dieron a conocer el proyecto y semanas después lo presentaron ante las autoridades estatales, contemplando la participación de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para atender situaciones de emergencia.

Sin embargo, a siete meses de haber presentado la propuesta, aseguró que no han recibido respuesta, cita o convocatoria por parte de las autoridades para revisar el documento y determinar posibles modificaciones. Avitia Beltrán explicó que el protocolo surgió después de los asesinatos de los abogados Emilia Ortega, ocurrido el 18 de noviembre de 2025, y Arturo Pérez Escully, registrado el 29 de diciembre del mismo año. Detalló que los litigantes asesinados se dedicaban principalmente al derecho civil, familiar y administrativo.

El presidente del Colegio de Abogados Tijuana A.C. señaló que no existe un patrón definido en los ataques contra sus colegas y consideró que la violencia que enfrenta el gremio forma parte de la problemática de inseguridad que afecta a la ciudadanía en general. Por ello, sostuvo que continuarán exhibiendo las deficiencias del Estado en materia de seguridad y presionando para que se implementen medidas que permitan reducir la impunidad, al considerar que garantizar la seguridad de la población es responsabilidad de las autoridades.