Más de mil 600 cámaras irregulares desmontadas
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, firmó este miércoles la iniciativa para endurecer las penas contra el “halconeo”, práctica que incluye la instalación de cámaras irregulares en la vía pública. Con esta reforma, se busca atacar de manera directa una actividad que de acuerdo con las autoridades, facilita la operación del crimen organizado.
En lo que va de su administración se han retirado más de mil 600 cámaras de procedencia desconocida, la mayoría en lo que va de este 2025. Autoridades locales como en Playas de Rosarito también han detectado y desmontado equipos, al señalar que representan un riesgo para la seguridad pública.
La reforma modificará el artículo 317 del Código Penal, elevando las sanciones de un año a entre cinco y ocho años de prisión. También se sumaron nuevas conductas que serán castigadas, como intervenir, alterar o dañar sistemas de videovigilancia en vialidades públicas o colocar cámaras sin autorización oficial. El siguiente paso será subirlo al Congreso del Estado para votarse entre los diputados locales.
El consejero jurídico del Estado, Juan José Pon, precisó que la medida no afecta a quienes instalen cámaras en sus domicilios para resguardar su patrimonio. Las sanciones se agravan si los responsables son exservidores o servidores públicos, además de incluir penas para quienes usen equipos destinados a intervenir transmisiones oficiales de instituciones públicas.
