El Departamento de Justicia presenta cargos formales por un derribo aéreo ocurrido en mil novecientos noventa y seis.
La fiscalía federal del Distrito del Sur de Florida formalizó cargos criminales contra el ex mandatario cubano Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos aeronaves civiles hace tres décadas. El expediente judicial vincula directamente al veterano político en una conspiración que cobró la vida de cuatro pilotos dedicados al rescate de migrantes en el mar.
El dictamen judicial detalla que el señalado ejercía como ministro de las Fuerzas Armadas cuando ordenó el ataque con aviones de combate en zonas que observadores internacionales determinaron como aguas libres. Las víctimas del incidente ostentaban la ciudadanía estadounidense y la residencia legal, lo que otorgó la jurisdicción inmediata a las autoridades norteamericanas para proceder legalmente.
La actual administración estadounidense reafirmó su postura de perseguir penalmente cualquier agresión fatal contra sus ciudadanos en el extranjero, sin importar el tiempo transcurrido desde los hechos. Por su parte, el actual gobierno de la isla caribeña desestimó las acusaciones mediante un pronunciamiento oficial donde calificó el proceso como una maniobra con intenciones puramente políticas.
El proceso legal avanza en los tribunales competentes mientras la opinión pública internacional evalúa las implicaciones diplomáticas de una eventual sentencia que contempla la reclusión de por vida. Las familias de los aviadores fallecidos permanecen atentas al desarrollo de las audiencias que buscan cerrar un ciclo de reclamos de justicia que se extendió por treinta años.
