Colectivas alertaron rezagos en la atención a las víctimas.
Colectivos de acompañamiento a madres víctimas de violencia vicaria presentaron un análisis sobre los principales obstáculos para acceder a la justicia en Baja California, resultado de casi tres años de documentación y trabajo conjunto.
El estudio fue elaborado por la Red de Mujeres Unidas por Baja California, el Colectivo YE-UA-NI y el colectivo CESODI, quienes señalaron que persisten fallas graves por parte de las autoridades, especialmente en el reconocimiento de este tipo de violencia.
Durante la presentación, Elsa Jiménez Larios, encargada de coordinar la investigación, explicó que aunque se han logrado avances legislativos como reformas a la Ley de Acceso y al Código Penal, las instituciones continúan sin registrar los casos como violencia vicaria.
Señaló que esta omisión contraviene la fracción «G» del artículo 6 de la Ley de Acceso, donde la violencia vicaria está claramente definida, lo que provoca que muchas denuncias sean clasificadas como otros delitos y terminen en procesos lentos o inconclusos.
Jiménez Larios detalló que otro desafío es la complejidad de los casos con movilidad territorial. El 60% de las denuncias registradas involucran retención de menores entre estados, lo que exige coordinación inter-institucional que no siempre ocurre.
Además, el 40% implica traslados a otros países, situación frecuente en zonas fronterizas como Tijuana. Estas demoras afectan a los menores, quienes en promedio tardan entre un año y dos en ser recuperados, con consecuencias psicológicas significativas.
La investigadora añadió que tampoco existe un sistema de información accesible, aunque es una obligación establecida en el artículo 7 de la Ley de Acceso, debido a que muchos expedientes se clasifican como violencia familiar. Esto impide conocer cuántos casos de violencia vicaria están en proceso en la Fiscalía Estatal.
