El legislador planteó una cruzada contra la corrupción en todo el país.
El diputado federal de Morena por Baja California, Fernando Castro Trenti presentó ante el Pleno del Congreso de la Unión una iniciativa que agrava la pena cuando el delito es cometido por un funcionario público con el objetivo de dotar al Estado de una herramienta legal más eficaz para enfrentar este delito de alto impacto social y económico.
La propuesta busca homologar el delito de extorsión en todo el país, eliminando la dispersión de criterios y sanciones que existe entre los códigos penales estatales. La iniciativa se enfoca en hacer más efectiva la persecución de modalidades crecientes como el «cobro de piso» a comercios y la extorsión telefónica.
Algunos puntos clave de esta iniciativa son:
• Tipo Penal Único: Establece una única definición del delito aplicable en toda la República, con penas de cinco a veinte años de prisión.
• Persecución de Oficio y Prisión Preventiva Oficiosa: El delito de extorsión será perseguido de oficio y los imputados estarán sujetos a prisión preventiva obligatoria durante el proceso penal.
• Agravantes Específicos: Aumenta las penas cuando la extorsión se comete:
* Por vía telefónica o medios digitales.
* Desde el interior de un centro penitenciario.
* En contra de personas dedicadas a actividades comerciales o al transporte.
* Por una persona que se ostente como miembro de un grupo delictivo, sea cierto o no.

La iniciativa busca atacar la alta impunidad que rodea al delito, ya que la «cifra negra» (casos no denunciados) es superior al 96% en el país. Además, la ley garantiza la atención y protección a víctimas, ofendidos y testigos.
Esta iniciativa legislativa se alinea y complementa la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por el Gobierno Federal que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Dicha estrategia se basa en ejes operativos como el fortalecimiento de la denuncia anónima a través del número 089, la implementación de unidades especializadas de investigación, la realización de operativos en centros penitenciarios (desde donde se origina gran parte de la extorsión telefónica), y el bloqueo inmediato de líneas telefónicas reportadas.










