Pidieron a los gobiernos no caer en revanchismos políticos.
Después de varios días de que el gobierno estatal de Baja California inició el proceso con el que pretende expropiar el campo de golf del club campestre de Tijuana, representantes de este grupo dieron a conocer su postura y expresaron que harán una férrea defensa jurídica para proteger la propiedad privada en esta entidad.
A través de documentos, dijeron, que cuentan con las pruebas que los acreditan como dueños y poseedores de dicha propiedad, pues desde la década de los setentas, quienes integraban el club pagaron por los derechos de utilización del predio, señaló Roberto Quijano, uno de sus miembros.
Añadieron que el club campestre de Tijuana es apartidista y apolítico, independientemente de que algunos de sus miembros participen en la política, por lo que pidieron a las autoridades mantenerse al margen de revanchismos o estrategias de presión por esta vía, haciendo alusión tal vez al conflicto entre el gobernador Jaime Bonilla y el ex alcalde y ex presidente del club, Arturo González Cruz.
Más que mediáticamente, los conferencistas dijeron que tratarán de conducirse por la vía jurídica mediante la defensa del abogado Adolfo Solís y que confían plenamente en que se respetará el estado de derecho.
A quienes se han pronunciado a favor de la expropiación, bajo el argumento de quitarle un amplio terreno a un sector reducido de la sociedad, los representantes del club campestre de Tijuana dijeron que por años han mantenido este pulmón verde de la ciudad y que no se trata de “quitarle al rico, para dárselo al pobre” sino de respetar la propiedad privada y dar certidumbre jurídica a cualquier ciudadano.
